Si hiciera falta algún elemento para que la población esté totalmente convencida de que la justicia en este país es una farsa y un negocio, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) lo ha aportado con su fallo que libera de toda culpa de los delitos de secuestro y delincuencia organizada a Florence Cassez, quien ya duerme en París convertida en una estrella francesa que derrotó a la impunidad e inmundicia de las autoridades mexicanas.
Este vergonzoso hecho se suma a la pésima imagen de México en el mundo, en donde ven al país como un centro de corrupción, de drogas, de violencia extrema, de impunidad, de injusticia, de abuso de poder y de tráfico de influencias. Todo ello acreditado, por supuesto, a nuestros gobiernos, a su vacío de poder y al Estado fallido que han creado cada sexenio.Los ministros de la Corte se lavan las manos, como siempre lo hacen a la hora de impartir justicia, y se justifican al decir que no revisaron el fondo del asunto, que su decisión sólo se basó en el proceso fallido de la captura de la ciudadana francesa el 9 de diciembre de 2005; en donde otro personaje corrupto, abusivo y torpe, como es Genaro García Luna (entonces director de la extinta Agencia Federal de Investigación), violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuantas leyes le pusieron enfrente para promocionarse en televisión como el “gran policía” en la detención de un grupo de secuestradores que involucraba a Cassez.
Acaso Felipe Calderón y Genaro García Luna no tienen responsabilidad alguna en este caso, en donde el primero, cuando ocupaba la Presidencia de la República, declaró y presionó a los ministros de la Corte para mantener en prisión a la francesa secuestradora, sin importar que su subalterno y cómplice haya violado toda ley en su captura. ¿Por qué los semidioses ministros de la Corte no se pronuncian al respecto y empiezan a impartir justicia en contra del abusivo Calderón y el torpe García Luna?, ambos responsables de la liberación de una mujer claramente involucrada en graves delitos y violaciones a derechos de los mexicanos secuestrados.
Dicen los ministros que ellos defienden la Constitución, y ¿por qué no ordenaron una investigación en contra de los responsables del Poder Ejecutivo que la violaron?
Como este caso involucró a una ciudadana francesa (a quien su presidente defendió como correspondía a un jefe de Estado), entonces la Corte sí revisó a detalle el proceso, pero cuántos mexicanos y extranjeros también hay presos sin derecho a la justicia o, peor aún, les aplicaron una justicia vendida al mejor postor, convertida en un rentable negocio para jueces, magistrados y ministros, quienes están sometidos al presidente en turno.
Cómo explicarles a las víctimas y sus familias, a la sociedad entera que ve con horror la injusticia en México, en donde una mujer acusada por los secuestrados abandona la cárcel porque las autoridades hicieron lo mismo de siempre: abusar, abusar y abusar. ¿Quién es culpable entonces de lo ocurrido? Sin duda que Calderón y García Luna, quienes deben pagar por su delito, pero seguramente la mediocridad de la justicia no alcanzará esos niveles.
El negocio de la justicia
Además de los altos salarios de los 11 ministros de la SCJN, que rondan el medio millón de pesos mensuales, muy por arriba del asignado al presidente de la República, cada uno de ellos se embolsa en forma discrecional más de 1 millón de pesos al año por “realizar diversas actividades que contribuyen a fomentar los valores del estado de derecho”.
Otro gasto abusivo en la Suprema Corte es el de los “pensionados” –53 titulares y 28 viudas–, quienes cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anuales; es decir, 133 mil 300 pesos cada mes.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que la SCJN ejerció, a partir de 2004, 44 millones 359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el ejercicio 2005, la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, y las compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10 veces el pago diario por percepción ordinaria mensual y prestaciones mensuales, es decir, de 1 a 4 meses del sueldo bruto.
El máximo órgano de vigilancia detalla que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico estado de derecho, por lo que se realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100 pesos hasta 1 millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”.
Por promover la cultura de la legalidad, incluso a domicilio, desde 2004 los ministros cobran una compensación del presupuesto público por 1 millón 236 mil 200 pesos, equivalentes a 4 meses de salario bruto de 309 mil pesos.
Por si fuera poco lo anterior, los ministros cuentan con instrumentos fiduciarios para administrar el patrimonio de la Corte sin que nada ni nadie los moleste. El responsable de estos fideicomisos es el oficial mayor de la SCJN, y el día que se conozca el destino de esos recursos será un verdadero escándalo.
Desde el 31 de diciembre de 2008, el Fideicomiso para Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN registró un saldo de 196 millones; el de Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN cuenta con 842.7 millones de pesos; el del Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial de la Federación tiene 106.7 millones, y el creado para la Administración de los Recursos Producto de la Venta de Publicaciones de la SCJN para el Financiamiento de Nuevas Publicaciones y cualquier Proyecto de Interés para el Fideicomitante gestiona 58 millones de pesos; finalmente, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) registra recursos por 632.8 millones.
Estos ministros son quienes liberaron a Florence Cassez.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 319 / enero 2013
